¿Inmaculada o compleja transición?

Este texto ha sido publicado en papel en el número 216, «Transiciones», de la Revista Mercurio.

Franco murió en la cama en noviembre de 1975 y tras su muerte, que ponía fin a una dictadura de casi cuarenta años levantada sobre las cenizas de una Guerra Civil, se produjo una transición a la democracia desde arriba, conducida por las autoridades procedentes del franquismo, aunque negociada y pactada en algunos puntos básicos con los dirigentes de la oposición.

Han pasado más de cuarenta años desde la promulgación de la Constitución de 1978. La transición a la democracia forma parte de la historia. Es un tema de estudio consolidado en los proyectos de investigación universitarios, en congresos y publicaciones científicas y en los programas de enseñanza que se imparten en los institutos. Pero es también objeto de la controversia política y del debate público, utilizado como instrumento y argumento para describir y enjuiciar las virtudes y los defectos de nuestra democracia.

Cuando Franco murió, su dictadura se desmoronaba. La desbandada de los llamados reformistas o «aperturistas» en busca de una nueva identidad política era ya general. La mayoría de las encuestas realizadas en los últimos años de la dictadura mostraban un creciente apoyo a la democracia, aunque nada iba a ser fácil después de la dosis de autoritarismo que había impregnado la sociedad española durante tanto tiempo. Era improbable que el franquismo continuara sin Franco, pero Arias Navarro y su Gobierno mantenían intacto el aparato represivo y tenían a su disposición ese Ejército salido de la guerra, educado en la dictadura y fiel a su Generalísimo. Ese equilibrio desigual entre el legado autoritario del franquismo y las aspiraciones democráticas enmarcó los primeros años de la transición. Las amenazas de golpe por arriba y de terrorismo por abajo iban a llenar de dificultades los años que siguieron a la muerte de Franco.

Muchas cosas pasaron en apenas siete años de historia. En un primer período, hasta las elecciones generales de 1977, las elites políticas procedentes del franquismo llevaron adelante una reforma legal de las instituciones de la dictadura, empujadas desde abajo por las fuerzas de la oposición democrática y por una amplia movilización social de muy diverso signo. Un segundo paso llevaría desde la formación de un Parlamento democrático, con el poder y la voluntad de elaborar una Constitución, hasta la aprobación del texto consensuado por los principales partidos políticos en el referéndum celebrado en diciembre de 1978. Definido el marco jurídico, en los años siguientes se inició el desarrollo del Estado de derecho y la organización territorial autonómica en medio de graves problemas como el involucionismo militar, el terrorismo o la crisis del sistema de partidos. Cuando los socialistas llegaron al poder, después de la victoria arrolladora de octubre de 1982, se podía decir que la transición había concluido y que la democracia caminaba hacia su consolidación.

Lo que comenzó el 21 de noviembre de 1975 no tenía un curso fijo ni un plan determinado. Había tanta ilusión esperanzada y expectación como miedo e incertidumbre. El recuerdo traumático de la Guerra Civil, el miedo a los militares y a la derecha franquista y el deseo de no repetir un conflicto tan violento estuvieron muy presentes en los primeros años de la transición.

El grueso caparazón del régimen franquista que controlaba el poder no contenía el embrión de la democracia y tampoco el nuevo jefe del Estado ofrecía las mejores garantías. Su única legitimidad en esos momentos procedía del testamento político del dictador, de la legalidad franquista vigente. Si quería salvaguardar la monarquía, tenía que servirse de ella para iniciar un proceso de reforma, controlado desde el interior de las instituciones, que permitiera la creación sin sobresaltos de un régimen representativo homologable dentro del marco político europeo. Un difícil equilibrio entre la continuidad y el cambio.

El primer Gobierno de la Monarquía, presidido por Arias Navarro, esperaba encontrar un camino allanado para una reforma continuista que partiera de las estructuras políticas del régimen sin necesidad de una consulta popular previa ni de dialogar con la oposición. Pero al cabo de seis meses, al terminar la primavera de 1976, era evidente que los obstáculos desde arriba y la presión desde abajo eran más fuertes de lo esperado y que el plan inicial del Ejecutivo quedaba en vía muerta.

Una auténtica eclosión de protestas democráticas sacudió en los meses iniciales de 1976 el territorio español. La protesta no procedía solo de las filas del movimiento obrero. Junto a las movilizaciones que tenían su origen en los centros de trabajo proliferaron las acciones protagonizadas por sectores sociales, colectivos y organizaciones de diverso signo que habían surgido en los últimos años del franquismo: las asociaciones estudiantiles, el movimiento ciudadano de los barrios, los sectores de base de la Iglesia, las reivindicaciones de intelectuales y profesionales, los jornaleros y pequeños propietarios agrícolas y otros grupos más o menos heterogéneos que representaban a nuevos movimientos sociales como el feminismo, el pacifismo o el ecologismo.

José María de Areilza, ministro de Asuntos Exteriores, hablaba de las “¡»olas de una galerna» para referirse al aluvión de huelgas, manifestaciones, encierros, asambleas, demandas salariales, peticiones de amnistía y libertad y reivindicaciones de autonomía, cada vez más presentes en los medios de comunicación, que hicieron comprender a las elites que monopolizaban el poder, y al propio Rey, que la situación se escapaba de sus manos y podían perderlo todo si no se emprendía un proyecto reformista más serio y decidido.

Obligado por las circunstancias, el 1 de julio el Rey llamó a Arias Navarro para exigirle su dimisión y formar un nuevo Gabinete encabezado, para sorpresa de casi todos, por Adolfo Suárez, hombre joven, falangista católico con buenos contactos desde su etapa anterior al frente de Radio Televisión Española y su paso decisivo por la Secretaría General del Movimiento.

Lo ocurrido a partir de entonces no fue el resultado de un plan preconcebido desde arriba de manera autónoma y dirigido únicamente por figuras como Adolfo Suárez o Juan Carlos I, que ha sido calificado como el «motor» o el «piloto» del cambio. Fue un proceso incierto y problemático, improvisado sobre la marcha, producto de las negociaciones entre los representantes del bloque social que había gobernado el país durante décadas y los políticos de la oposición, pero también de las coacciones y amenazas de los poderes fácticos y de la presión ejercida desde abajo por los movimientos sociales.

Muchos mantienen todavía hoy una visión idealizada del período como un plan perfectamente diseñado, modélico, con pactos y consensos que deberían ser inamovibles. Rechazan cualquier modificación del marco institucional y denuncian el análisis crítico más ponderado como un atentado contra el espíritu de la convivencia y la reconciliación. Para otros, sin embargo, es imprescindible una revisión profunda que repare las claudicaciones y las traiciones políticas, las renuncias y las debilidades del proceso, como si los acontecimientos de aquellos años fueran responsables de todos los problemas irresueltos y de todos los vicios de la democracia.

A finales del siglo XX España era un país moderno y desarrollado, desconocido para cualquier observador que llevara varias décadas fuera de sus fronteras. Un país con un Estado del bienestar sólido, unas instituciones legítimas y un sistema político estable, que había convertido el problema militar en un asunto del pasado, que había dejado en un plano muy secundario la cuestión religiosa y que disponía de canales legales y vías pacíficas para la solución de los conflictos sociales.

Los procesos de transición ocurridos en los años setenta en Portugal, en España y en Grecia constituyeron los ejemplos más tempranos de lo que luego se llamaría la tercera ola de la democratización. Desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial no había ocurrido nada parecido. En los años ochenta, por la senda de los países europeos mediterráneos caminaron una docena de Estados latinoamericanos que dejaron atrás sus regímenes autoritarios. Y al final de la década, después de la caída del sistema comunista, se incorporaron los países de la Europa del Este y las antiguas repúblicas soviéticas en un movimiento extendido a otras zonas del mundo, como el caso de la desaparición del apartheid en Sudáfrica.

La democracia, que a principios del siglo xx era solo una posibilidad apenas entrevista en algunos lugares de Europa y que en el período de entreguerras quedó eclipsada y destruida por el fascismo, parecía triunfar a finales de esa centuria como la forma de organización política mayoritaria en el mundo. Las cosas fueron más difíciles y complejas de lo que creen muchos y el resultado no siempre ha sido satisfactorio, pero la envergadura y la profundidad del cambio resultan innegables. Lo que está pasando y pase en el siglo XXI ya no depende de aquello.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea y autor de numerosos ensayos; el más reciente, Una violencia indómita (Crítica, 2020).