Oblígame a ayudarte, por favor

Reconozco que soy hipocondríaco y que, a causa de mi extraña existencia nómada, Esperanza es lo más parecido a un médico de cabecera que he tenido en la vida. Esperanza es médica adjunta en las urgencias de un hospital de Andalucía, pero, pese a la distancia, su pericia y sus diagnósticos certeros me salvaron de una otitis en Medellín, de una gastritis en Bukavu y de una infección por absceso pilonidal mientras vivía en Kabul. De modo que ahora no puedo sino indignarme al ver cómo alguien con un corazón tan grande como el de Esperanza, sufre, al igual que tantos otros sanitarios en España, el insoportable desgaste laboral y emocional asociado a la enésima ola, que aún da sus últimos coletazos en la atención primaria.

Obvia decir que la UCI del hospital de Esperanza se encuentra atestada de enfermos de COVID y, con la excepción de un par de personas vacunadas que padecen ciertas comorbilidades, la mayoría de sus pacientes son, al parecer, adalides de un sacrosanto (e imaginario, como tantas otras cosas sagradas) derecho a no vacunarse. Sí, ese derecho no existe y cabría esperar que, en vista de la indiscutible evidencia científica en favor de las vacunas contra la COVID, ni siquiera tuviéramos que contender sobre él, dado que, en un mundo ideal, y salvo por un puñado de personas con alergias u otros justificantes médicos, todos abrazarían esta medida para protegerse (protegernos) contra la enfermedad. Pero el homo sapiens —o al menos una cierta clase de homo sapiens— es inconsciente, o miedoso, o egoísta, o propenso al populismo, o una mezcla de todo lo anterior. Por eso no debería ser una sorpresa que países como Austria, Grecia, Francia, Alemania o Italia ya estén barajando (o acaben de poner en práctica) distintas formas de vacunación obligatoria, o que la Comisaria Europea de Salud anunciase lo propio hace algunas semanas.

En realidad, lo pasmoso es que un puñado de ciudadanos europeos hayan acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para tratar de frenar dichas iniciativas, algo que la corte sita en Estrasburgo ha denegado por el momento. Los antivacunas argumentan que compelerles a inmunizarse contra la COVID viola una serie de derechos fundamentales. Sin embargo, sus argumentos son sumamente dudosos. El régimen de derecho internacional de los derechos humanos puesto en práctica tras la Segunda Guerra Mundial establece un sutil balance entre una miríada de derechos y libertades, y pese a que nuestro atosigante Zeitgeist de corrección política parezca habernos imbuido en una realidad paralela, lo cierto es que no existen los derechos humanos absolutos —con algunas justas excepciones categóricas, como la prohibición de la tortura—.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la piedra angular de muchas de las libertades que los antivacunas esgrimen para oponerse a la inoculación obligatoria, prescribe de forma unívoca, en sus artículos 12, 18 y 19, la posibilidad de restringir derechos como la libertad de movimiento, la libertad de conciencia e incluso la libertad de expresión, siempre y cuando tales restricciones sean necesarias para preservar la salud pública o los derechos y libertades de los demás. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 8, impone cortapisas análogas en los mismos supuestos, aun cuando esto implique la limitación del respeto a la vida privada y familiar de los ciudadanos.

A decir verdad, la complacencia hacia los antivacunas es un clásico ejemplo de nuestro mundo al revés. Quienes tal vez estén viendo coartados sus derechos humanos no son los antivacunas, sino los profesionales de la salud como mi querida Esperanza, o los ciudadanos que ven postergados ad infinitum tratamientos menos acuciantes que un respirador por culpa del colapso de la atención primaria —en el hospital de Esperanza, por no dar más que un ejemplo, hay un montón de personas con problemas de movilidad que se han visto forzadas a dilatar operaciones menores— y esa clase de retrasos podría dejarles con secuelas de por vida. En este sentido, vale la pena recordar que otro tratado básico, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, impone a los Estados firmantes, entre los que figura España, la obligación de garantizar que todos los empleados gocen de condiciones de trabajo satisfactorias, bienestar en el ámbito laboral y la oportunidad de disfrutar del tiempo libre. Me consta que, durante casi dos años, Esperanza apenas ha contado con nada de lo anterior. Al ratificar este mismo convenio, España también avaló su intención de promover el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental para todos sus ciudadanos, así como la obligación de tomar todas las medidas factibles para prevenir enfermedades tanto epidémicas como endémicas (cf. Artículo 12). La salud pública es un derecho humano colectivo por el que es preciso velar.

Obvia aclarar que todo lo anterior no implica que los Estados puedan imponer cualquier tipo de esquema de vacunación obligatoria, ni por cualquier causa. Tales mandatos deben perseguir un fin legítimo (por ejemplo, promover la propia salud pública o salvaguardar los derechos de los profesionales sanitarios como Esperanza) y, en la medida de lo posible, deberían venir prescritos por ley —aunque ciertas legislaciones internas permiten adoptar esta clase de políticas por vía ejecutiva—.

Si queremos construir juntos una suerte de nueva normalidad, garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos y evitar el continuo desgaste físico y mental en que vive inmerso nuestro personal sanitario, esos a los que ya se nos ha olvidado aplaudir al atardecer desde los balcones, quizás todos debemos poner nuestro granito de arena para arrumbar con la quimera de que los antivacunas poseen un derecho absoluto a coartar con sus decisiones individuales los derechos y libertades de los demás. Nada más lejos de la realidad, al menos de la realidad legal. Por otra parte, tras dos años de pandemia, y ante el riesgo de que nuevas variantes nos tomen ventaja, cada vez parece más difícil aceptar que la desconfianza, la superstición o la ideología puedan resultar motivos válidos para no inocularse contra la COVID. Algunos homos sapiens están pidiendo a gritos que les obliguemos a ayudarnos.

Desde luego, no cabe duda de que nuestras sociedades democráticas aún tienen pendientes muchas discusiones éticas y jurídicas en torno a la gestión de las vacunas, incluido en lo referente a la distribución equitativa de dosis a nivel mundial. Pero en vista de la persistencia de la COVID, y del insostenible desgaste de los sistemas de salud, la existencia de un pseudoderecho a no vacunarse ni siquiera debería ser parte de este debate.

Jose Serralvo es escritor y jurista especializado en derecho internacional.